Si hay un tema que suscita un rechazo generalizado por parte de la sociedad colombiana respecto a un aumento del acceso militar estadounidense en Colombia es el que tiene que ver con la inmunidad. Antes que temas como, la inconstitucionalidad de este nuevo tratado militar de Colombia y Estados Unidos, o los riesgos que éste comporta para la estabilidad de la región, es lo relativo a la inmunidad jurídica y diplomática del personal estadounidense lo que más les revuelve las tripas a los colombianos, incluso entre sectores gobiernistas. ¿Por qué no puede ser juzgado en Colombia un militar estadounidense que haya cometido un delito en territorio colombiano?

Los miembros de las fuerzas militares estadounidenses gozan de inmunidad diplomática en el exterior gracias a las Convenciones de Viena que así lo establecen. Estados Unidos considera que sólo una corte estadounidense puede ofrecer un juicio justo a un militar de ese país que haya cometido un delito en un país huésped. Si esto se cumpliera efectivamente, probablemente los países huéspedes no tendrían fuertes argumentos para cuestionar esta inmunidad. Pero la realidad ha demostrado lo contrario y dicha inmunidad ha terminado traduciéndose con frecuencia en una impunidad de hecho.

¿Por qué Estados Unidos no les ha seguido ningún proceso a los dos militares estadounidenses asignados por el Plan Colombia en la base de Tolemaida que violaron una niña de 12 años? Hace poco, cuando el personal de la Fiscalía colombiana consultó a las autoridades estadounidense sobre cómo iba el proceso contra esas dos personas, quedó claro que EEUU no había hecho absolutamente nada al respecto. Han pasado varios años y el crimen no sólo sigue impune sino que EEUU ni siquiera ha comenzado una investigación del caso.

Dado éste y otros antecedentes de impunidad, muchos en Colombia se han pronunciado últimamente para proponerles a los gringos condicionar el acceso a las bases a cambio de la pérdida de la inmunidad. Es decir, ustedes pueden usar las bases pero sus crímenes, si los cometen en Colombia, se juzgan en Colombia. Una exigencia que fue rechazada categóricamente por los representantes del Pentágono quienes le han dejado saber muy claramente al Gobierno colombiano que: la inmunidad no es negociable.

El Gobierno colombiano llegó incluso a proponerles entonces una solución intermedia: que se los juzgue en Colombia por funcionarios judiciales estadounidenses asignados en la Embajada de EEUU, o en la base militar misma. A lo que Washington vuelve a responder que la inmunidad no es negociable y punto final.

De modo que Colombia cederá el acceso a las bases y a cambio ni siquiera obtendrá el mínimo beneficio que exigía de poder juzgar los abusos cometidos por los militares extranjeros en el propio territorio. Partiendo de la seguridad de que EEUU quiere de verdad acceder estas bases, como es el caso, el Gobierno de Uribe podría seguir insistiendo y presionando en este punto de la inmunidad en el que parece haber un consenso entre la sociedad colombiana para rechazar la presencia militar estadounidense en el país. No hacerlo es una  prueba de hasta qué punto el Gobierno colombiano ha cedido su soberanía a una potencia extranjera ocupada principalmente en posicionarse estratégicamente mejor en el hemisferio. Esto último será tema de una próxima entrada.

Amira Armenta