Según anuncios de la prensa colombiana, mañana viernes 30 de octubre se firmará el acuerdo con EEUU para el uso de al menos siete bases militares. Pues resulta que lo que inicialmente nada más iba a ser una base, después tres bases, más tarde siete bases, ahora ya son nueve bases. El Gobierno colombiano no parece conocer límites en la cesión del territorio colombiano a los Estados Unidos. ¿Y todo a cambio de qué? De que Estados Unidos siga haciendo lo mismo que ha venido haciendo en este país desde hace décadas inútilmente.

En esta entrada no nos vamos a detener en el innecesario e inconveniente incremento de la presencia militar estadounidense en Colombia sino en otro aspecto problemático de la firma de este acuerdo como es su inconstitucionalidad. Son múltiples las voces que en Colombia han estado expresando el argumento de lo inconstitucional de esta medida, a lo que el Gobierno de Uribe hace oídos sordos. Sobre este tema sugiero la lectura de un artículo reciente en Razón Pública que explica claramente las dimensiones de ignorar, como lo ha hecho el presidente Uribe, el concepto emitido o que podrían emitir órganos centrales del Estado, y decidir actuar por cuenta propia. Una actuación autoritaria que pone por el suelo el Estado de derecho en el país suramericano.

En un intento de salvar las apariencias, hace unas semanas el Gobierno de Uribe solicitó el concepto del Consejo de Estado sobre si es necesario que el acuerdo sea llevado a consideración del Congreso. Pues bien, aunque el Consejo de Estado opinó que sí era necesario, el Gobierno aprovecha que esta opinión no es vinculante para ignorarla. Aunque se trata de un tratado internacional, éste no será llevado al Congreso ni mucho menos a la Corte Constitucional, como se supone que debería hacerse en una nación que se precia de aplicar el Estado de derecho.

El ministro de Defensa colombiano ha dicho recientemente en Washington que el 70 por ciento de los colombianos quiere el acuerdo porque éste representa seguridad. De dónde habrá salido esa cifra -¡70 por ciento de los colombianos!- y cuál habrá sido la pregunta que esos millones de colombianos contestaron sobre el tratado. Mi impresión personal es que a la mayoría de los colombianos, sobre todo a los que viven en las ciudades, este acuerdo los deja bastante indiferentes, a excepción de lo que tiene que ver con el tema de la inmunidad para los gringos comentado en una entrada anterior.

Por otro lado, por supuesto que los colombianos quieren seguridad. Pero de ahí a que la gente en Colombia crea que ésta le será garantizada por un aumento del acceso militar estadounidense hay una gran distancia. A pesar de la manipulación de las cifras estadísticas en materia de seguridad que hace el Gobierno colombiano, diversos documentos recientes revelan que la seguridad en las grandes ciudades se ha deteriorado fuertemente en los últimos años. Esta es la seguridad que quieren los colombianos.

El apoyo estadounidense a través del Plan Colombia tuvo algún impacto en la guerra contra la insurgencia, particularmente las FARC. Pero el golpe a esta guerrilla no ha logrado disminuir de manera significativa la violencia que se vive en las diversas regiones del agro colombiano. En este sentido los logros en seguridad del Plan Colombia en las zonas rurales son también cuestionables.

Ahora Colombia, saltándose todas las reglas del juego constitucional, se encuentra a punto de firmar un tratado con una potencia extranjera sin medir las consecuencias que este hecho podría tener para la región. Colombia no gana nada con este acuerdo con EEUU. En cambio es mucho lo que pierde. Pierde, por ejemplo, la posibilidad de enderezar las maltrechas relaciones con algunos de los países vecinos, particularmente con Venezuela, país que es todavía su principal socio comercial en la región.
Amira Armenta